El DNU 179/2025, que autoriza la toma de deuda con el FMI y elude al Congreso, busca establecer un puente hacia la estabilidad cambiaria antes de las elecciones. Sin embargo, su escasa factura técnica ha generado inquietud en los mercados. Es la Constitución, estúpido, un eslogan que refleja la realidad política actual, subraya la importancia de la seguridad jurídica para los inversores.
Cuestionamientos Legales y Precedentes
La Ley 27.612, que establece que cualquier programa de financiamiento con el FMI requiere la aprobación del Congreso, no fue derogada por el DNU 179. Esta omisión deja al DNU vulnerable, ya que se espera que el Congreso participe en la aprobación de tales medidas. Además, el DNU sugiere un financiamiento adicional, lo que plantea la pregunta sobre qué ocurrirá si no hay un presupuesto vigente.
La intervención del Congreso es fundamental, ya que es el encargado de autorizar los empréstitos y resolver el pago de la deuda. Ignorar esta participación podría llevar a que el DNU sea considerado nulo, según el artículo 36 de la Constitución, que establece que cualquier acción en contra de las normas constitucionales es inválida.
Implicaciones para el Mercado y la Oposición
La falta de claridad legal en el DNU pone en riesgo la credibilidad del gobierno y la confianza de los mercados. La Corte Suprema ha respaldado la legitimidad de los colegios de abogados como demandantes en casos de interés colectivo, lo que podría abrir la puerta a impugnaciones del DNU. La oposición, que ha criticado la falta de transparencia, podría encontrar en este contexto una oportunidad para cuestionar el decreto y su legalidad.
El gobierno necesita ser cuidadoso, ya que cualquier acción que perciban como un intento de eludir al Congreso puede generar una reacción adversa en los mercados. La reacción negativa podría ser inminente si un juez determina que no se han cumplido las condiciones necesarias para justificar un DNU de esta naturaleza.
Riesgos de Judicialización
La posibilidad de que el DNU sea impugnado es real, y podría tener efectos inmediatos sobre los mercados. Si se considera que no se han cumplido las condiciones de urgencia y necesidad, el DNU podría ser declarado nulo. Este riesgo no solo afecta la constitucionalidad del decreto, sino también la garantía jurídica de los pagos relacionados con el acuerdo con el FMI, un aspecto crítico que debe ser monitoreado por el organismo internacional.
En este contexto, la falta de un marco legal sólido podría poner en peligro la estabilidad que el gobierno busca alcanzar. Los analistas advierten que la situación actual podría ser un punto de inflexión para la economía argentina si no se maneja con cuidado. La desorientación de la oposición y la osadía del gobierno son factores que complican aún más el panorama.
En resumen, el DNU 179/2025 enfrenta una serie de desafíos legales que podrían afectar tanto su validez como la confianza de los mercados. Las decisiones que se tomen en este contexto serán cruciales para el futuro económico del país.
